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sábado, diciembre 01, 2012

Carta pública personal a la Fiscal de Santo Domingo

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Diná Llavería y Soto Lara
Por Manuel Soto Lara

Honorable Magistrada:
Tiene usted en los abogados en ejercicio y en los usuarios del servicio que esa fiscalía está llamada a ofrecer, apreciables fuentes de información  sobre el funcionamiento de esa fiscalía y de cómo mejorarla.

En ocasiones se suman a las vías procesales y de recursos, las políticas de trámites internos en los despachos. Hay que evitar que las políticas de trámites internos constituyan valladares que entorpezcan el derecho fundamental a acceder  a una justicia pronta y servida, como ocurre en ciertas instancias del ministerio público de esta provincia. 
Adelanto mis excusas,  muy honorable magistrada, si incurro en alguna indiscreción. El propósito de la presente carta es que lo hagamos mejor en beneficio de todos. Y, parafraseando al patricio fusilado, lo hago por esta vía, porque no puedo hacerlo por otra.

Apoderado por una madre angustiada, a las nueve de la mañana del 25 de noviembre de 2012, me dirigí a depositar una formal querella contra un sujeto que había violado sexualmente a su niña de apenas 13 años.

Del Palacio de Justicia de la Charles, la recepcionista de fiscalía me remitió a Invivienda a depositar la querella. Una vez allí, luego de más de una hora haciendo turno y luego de haber abordado a  dos fiscales y a un empleado auxiliar, me dicen que por la naturaleza del caso debo ir a “Violencia de Género”, a la calla Puerto Rico, en el Ensanche Ozama.

Una vez allí, honorable magistrada, la secretaria me dice que no puede recibir la querella por que está escrita.  Yo le pregunto que si están prohibidas las querellas escritas; me responde que no; pero que si la titular del área no me autoriza ella no puede recibirla. 

Insólito!

-“Hable con ella haber qué le dice”, me dijo la muchacha,  muy gentil por cierto. ¿Cómo la veo? -le pregunté.  Bueeeno, debe esperar porque ahora no está aquí.

Aguardé la espera con estoicismo, temía violar el derecho a quienes llegaron primero.  Las minuteras habían recorrido dos veces las manecillas de cualquier reloj. Era la una de la tarde. Todavía había mucha gente –escuálidas mujeres- con aspecto preocupado y semblante huraño. El salón del segundo piso estaba repleto. Se veían maltratadas; pero maltratadas por el mismo verdugo de sus verdugos: por la miseria material, espiritual y..., no sé por cuantas otras  miserias;  excúseme magistrada.

Había allí muchas mujeres de aspecto humilde que lucían confundidas. Por las miradas difusas, parecían esperar a alguien que no conocían. Son mujeres cuyos maridos y la muerte andan juntos. Se confunden. Pero, la larga espera la persuade de marcharse. De irse.

De dejar eso así. Se les hace tarde. El hambre es cruel, los muchachos solos en casa. La fiscal llega cuando puede, en fin… se van para volver, y tal vez vuelvan, y tal vez no puedan volver, quién sabe!

A las dos de la tarde llegó la fiscal encargada. La recepcionista me lo comunicó, y, se lo agradecí. Me sugirió que canalizara mi acceso al despacho de la titular con una joven trigueña, medio rechoncha que entraba y salía continuamente del despacho; que nunca paró de trabajar y a la que por tres ocasiones me dirigí, pero en todas me ignoró.

Yo era uno de los pocos hombres allí. Los hombres ahí, en principio, no caemos bien. Lo sabía de antes. Muchas fiscales y ayudantes  parecen padecer una especie de “síndrome de la mujer maltratada”.  Por eso, honorable, el hombre que le cayó en las manos, aunque sea inocente, el señor lo libre o lo mate. Pero ese es otro tema.

Ya sobre las dos y media, la recepcionista, apenada de mi, tomó de mis manos la instancia querella y se la llevó a su despacho a la Encargada. Esta autorizó, al menos eso me dijo la recepcionista, que la depositara en el primer piso, porque ellos, en el segundo piso,  no tenían un “sello de acuse de recibo”.  

Magistrada, eso significa que no reciben una querella sobre una menor abusada sexualmente, o sobre cualquier otro crimen o delito, porque no tienen un sello gomígrafo. Eso me mandó a decir. Por esa nimiedad, es decir, por un sellito,  no se persigue a un abusador ni se protege a una víctima.

Una vez abajo, ya  a las tres de la tarde, se me informan que no podían recibir esa querella, porque la magistrada, la misma que me había remitido allá, tiene prohibido recibir querella. “Si usted quiere doctor traiga la mamá de la niña para que ponga una denuncia verbal”.

¡Concho Primo!

Me molesté, acusé al sistema en voz alta, y, visiblemente molesto, atribuí en público a esa causa que maten tantas mujeres indefensas. 

No sé si me excedí. Me excuso. Cuando me marchaba, una joven solícita intervino. Me pidió que me calmara; lo hice, más que por complacerla, por aparentar educado. Me explicó el procedimiento más estúpido que he oído en mi largo ejercicio; pero  agradezco el gesto.  Tal vez me evitó un infarto. 

Hace varios años, unos viejitos del PRD que hacían de jueces en la Suprema Corte de Justicia, que no le perdonaron al Dr. Tapia Espinal haber acusado a Salvador Jorge Blanco, lo hicieron morir de un infarto. Pero eso no viene al caso.
Lo primero es honorable magistrada, que la única que puede ir a denunciar o presentar querella es la madre de una niña sexualmente abusada.  O sea, si la mamá de la muchachita no puedes ir se salvo el delincuente.  Después la gente acusa al código.
Queda claro que las niñas huérfanas no tienen protección de la fiscalía de la provincia de Santo Domingo. Queda claro que basta que la mamá de la niña esté impedida, por demencia, por ausencia o por cualquier otra naturaleza para que los depredadores hagan festín con las niñas, porque si la mamá no denuncia, personalmente, la fiscalía no hace, absolutamente,  nada.

No entiendo, honorable magistrada, cómo es posible que tratándose de asuntos de orden público, es decir, que corresponde perseguirlos, tanto al ministerio público como a las demás agencias de persecución de crímenes y delitos del Estado; donde ustedes deben, inclusive, apoderarse de oficio, basta con que tengan conocimiento de esos hechos, los abogados les llevamos la querella, con el autor individualizado, y ustedes pongan condiciones para recibirlas. Oh Dios!

Magistrada LLavería, no se supone que para el caso de crímenes cometidos contra niños, niñas y adolescentes, ustedes pongan condiciones para apoderarse  de un caso. Que conforme al derecho, basta con que ustedes tengan conocimiento de la existencia del tal crimen o delito. Que es absurdo, que una querella firmada por la madre, y su abogado, sobre una menor abusada, no se le dé curso en la Provincia de Santo Domingo, a menos que la mamá de la muchachita se presente personalmente.

Que la tutela judicial no es para la madre; sino para la niña. Que ustedes, honorable magistrada, tienen la obligación legal de actuar, aún cuando la madre no se presente en querella, y aún cuando ésta se oponga, o haya negociado $.  Así lo manda la Constitución, el Código Procesal Penal y el Código para la Protección del Derecho Superior de Niños, Niñas y Adolescentes.

Que el interés Superior del niño, a diferencia de lo que está ocurriendo en la Provincia de Santo Domingo, no puede ser burlado por trámites burocráticos irracionales. Que usted sabe, honorable magistrada, porque lo aprendimos en la escuela de derecho, que los actos y trámites procesales no tienen objeto en sí mismos, sino que han sido concebidos para garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales tutelados por la Constitución y las leyes.

No creo que sea su caso; pero hay demasiado fiscales engreídos.  Que tratan con desdén a los usuarios del servicio judicial. La escuela del Ministerio Público les ha enseñado mucho derecho; pero corresponde, no sé si al Ministerio de Administración Pública, enseñarles los deberes de los servidores públicos. No son todos. A veces, algunos jueces y fiscales olvidan que son “abogados en licencia”. 

Entonces magistrada, si la mamá no va; se jo... la niña. Eso me duele. Porque, entonces, la diferencia entre proteger a la sociedad de un depredador de niñas o de niños, o dejarla indefensa, no puede estar subordinado a la discrecional voluntad de un tercero; ese no es el derecho, ni el rol del Ministerio Público. ¡Se lo juro que no!

A ver si entiendo. Si uno o un grupo de depredadores están acabando con niñas indefensas, un vecino o particular no puede denunciar. Si la madre  o las madres no van personalmente a la fiscalía de Santo Domingo, que siga la orgía. Que las acaben a todas.  Magistrada, ¡Eso me duele!  Usted vino de Santiago a protegernos.  Y  a proteger nuestras hijas. O no?
Manuel Soto Lara http://ciudadoriental.org