Conspiración o demanda de derechos humanos?

5 de Marzo del 2012, 4:28 PM

¿Conspiración o demanda de derechos humanos?

Juan Almonte Herrera (Fuente externa)   Distinguido Doctor José Ramón Fadul, ministro de Interior y Policía: Una de las audiencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), del 23 de febrero de 2012, se realciona con la desaparición forzada del dominicano Juan Almonte Herrera. El 24 de enero 2012, el Estado ratificó la convención de la ONU contra la tortura y otros tratos crueles e inhumanos, ¡lo cual estuvo pendiente durante 25 años, desde 1987!  El 28 de junio de 2011 fue la primera audiencia en la CorteIDH sobre la desaparición forzada de Narciso González.  El informe de Amnistía Internacional sobre República Dominicana, “Cállate si no quieres que te matemos”, abarca el periodo 2005-2011, fue divulgado el 27 de febrero 2011.  Entre todos esos acontecimientos, el de la ratificación de la referida convención fue noticia del Listín, DL, Noticias SIN, Acento, 7Dias, Primicias, entre otros.  Las referidas audiencias de la CorteIDH no fueron materia informativa de ningún medio, local o internacional, a pesar de que existen tantos periodistas dominicanos, quienes tienen lineamientos consistentes contra violaciones de derechos humanos flagrantes.  El Registro Iniciativa Ciudadana, RIC, divulgó varios vídeos web de esta Corte regional relacionados a RD, para que sirvieran como fuente informativa tanto a los medios como a los ciudadanos atentos a los asuntos DH.  En el mismo sentido, se publicó el artículo “El día de San Fermín” en el periódico digital 7Dias, bajo la firma de Valerio Lara.  Esa publicación expone un prontuario de violaciones flagrantes de derechos humanos, los cuales comprometen las responsabilidades del Estado dominicano y de autoridades policiales correspondientes a la jefatura del mayor general Rafael Guillermo Guzmán Fermín.  Las noticias más recientes divulgadas por los medios internacionales y nacionales sobre este asesor policial del poder ejecutivo fueron las menos trascendentes, relativas a una supuesta cancelación de su visado USA.  Más, los aspectos consustanciales relacionados al ejercicio de función pública de Guzmán Fermín no aparecen en una gran parte de los medios de comunicación.  A nivel procesal, las querellas vinculadas a este funcionario público están estancadas en el portal del ministerio público. Así sucede con la relacionada a la ejecución de los dominicanos Cecilio Díaz y William de Js. Batista, formalizada en abril 2010, en la Procuraduría Fiscal de Montecristi.  La atinente a la desaparición forzada de Juan Almonte fue formalizada en mayo 2010, en la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional.  ¿Cuántas veces el ministerio público, una instancia controlada en forma absoluta por el presidente Leonel Fernández, citó a esta autoridad policial para el inicio efectivo de una investigación?  Están pendientes de sometimiento los casos de torturas y calumnias policiales relacionados con Carlos Paulino Lachapelle y Virgilio Ant. Burgos Prado, fallecido en cautiverio.  Esas personas fueron vinculadas al supuesto rapto de Eduardo Baldera Gómez. Otro grupo de sobrevivientes afectados por estas graves imputaciones, Paulino Lachapelle y otras 5 personas, fueron favorecidos por un auto de no ha lugar por insuficiencias de pruebas en un tribunal de Nagua.  Por tanto, no existe una campaña internacional o nacional contra el General Guzmán Fermín, el Estado dominicano ni la Policía Nacional (PN).  Existe sí, una atención especial de Amnistía Internacional (AI) sobre las reiteradas violaciones DH en República Dominicana. Por eso esta institución publicó el referido informe con énfasis en la PN.  Además AI recopiló cientos de firmas de organizaciones y ciudadanos a nivel internacional y local, a partir de octubre de 2011, las cuales fueron remitidas al Presidente de la República el 1 de Marzo de 2012, el día de la Policía Nacional.  Es en ese contexto que Amnistía y varias organizaciones nacionales también emitieron un comunicado titulado “Candidatos presidenciales deben priorizar reforma policial”.  Entre las organizaciones asociadas a Amnistía en ese propósito están: Participación Ciudadana, Comisión Nacional de Derechos Humanos, Instituto Caribeño para el Estado de Derecho, Lucha x tus Derechos, así como Fundación Comunidad Esperanza y Justicia Internacional.  Estas gestiones, más que “conspiración internacional” contra el Estado, la PN o uno de sus jefes más connotados, constituyen un esfuerzo articulado con el propósito del mejoramiento institucional de la PN y el establecimiento de un régimen de respeto estricto a los derechos humanos.  Pero al margen de ese aspecto institucional, hay situaciones de hecho, las cuales toman su propio curso.  El 23 de febrero la CorteIDH sólo trató la pertinencia de que continúen las medidas cautelares a favor de los familiares y abogados del ciudadano Juan Almonte, debido a que anteriormente fueron objetos de intimidaciones y presiones de sectores policiales, los cuales pusieron en riesgo la integridad y vida de un grupo de personas.  Pero esta corte regional aún no ha iniciado la discusión de fondo de esta desaparición forzada, debido a que el Estado alega que tiene hasta “4 años de gracia” para esclarecerla en el ámbito interno.  La CorteIDH, por suerte para el estado de garantías fundamentales de los ciudadanos, es una instancia superior a al Tribunal Constitucional y la Suprema Corte de Justicia, cuando los casos de violaciones a los derechos humanos no sean solucionados satisfactoriamente en el ámbito interno.  En estos casos, las fallas durante el ejercicio de la autoridad local, sea a través la PN, de su jefe o de su comandante en Jefe, son atribuibles al Estado.  En tales casos, los ciudadanos afectados directamente por ejecuciones sumarias, torturas, redadas arbitrarias o persecuciones por motivaciones políticas, entre otras violaciones, asumen el rol de demandantes de derechos fundamentales.  En consecuencia, el Estado como responsable de las acciones de sus autoridades, termina vinculado a estos casos, si sus instituciones no son efectivas para soluciones satisfactorias acordes al derecho internacional.  En buen sentido, entonces, quienes ponen en la picota internacional al Estado dominicano son sus autoridades e instituciones cuando dejan en la impunidad fallas DH.  Sólo los regímenes dictatoriales o neofacistas apelan al subterfugio de sentimiento nacional, cuando existe la eventualidad de que una violación DH sea penalizada en el marco del derecho internacional.  En estos casos, el ciudadano tiene una opción: reivindicación de sus derechos fundamentales o la postración ante unas instituciones estatales que se los niegan.  Esta comunicación se remite para dejar constancia de que las sugerencias de supuestas conspiraciones se constituyen en sí como “autoras intelectuales” de eventuales actos intimidatorios contra los que reivindican el respeto a los derechos humanos.  Documentos relacionados:  Informe 2011 Amnistía Internacional sobre RD  http://www.amnesty.org/es/library/asset/AMR27/002/2011/es/36abc6ce-244d-4750-997e-934af8dce3f2/amr270022011es.pdf  Valerio Lara http://www.7dias.com.do/