 | Miguel Ceara-Hatton |
| Economista. | |
| http://www.clavedigital.com/App_Pages/Opinion/Firmas.aspx?Id_Articulo=15202 | |
| clave@clavedigital.com jueves, 16 de julio de 2009, 01:00 a.m |
La nueva teoría en la política dominicana es que si un funcionario público contrata allegados y familiares en un porcentaje igual o menor al 0.39% de la nómina de la institución a la cual sirve, no hay problemas. Está dentro de las normas legales. ¿Es eso ético?
Otros tienen fundaciones, lo cual por sí mismo no está ni mal ni bien; el problema es si reciben dinero público sin transparencia, o si de alguna manera utilizan o se benefician de sus funciones públicas para realizar actividades privadas.
Hasta el propio Presidente de la República en su viaje a París va a firmar un acuerdo de su fundación. Aún en el caso de que sea para beneficio del país, cosa que no tengo por qué dudar, me pregunto, ¿es eso ético?
La realidad es que en RD hay una frontera ética difusa, entre lo privado y lo público. Esa frontera ética difusa puede ser la sombrilla para actos ilegales, como apropiarse de recursos públicos, financiar campañas a través de las ONG, o simplemente regalar dinero del Estado.
El sistema político en su conjunto está quebrando moralmente a la sociedad dominicana.
¿Por qué un político tiene que recibir recursos públicos más allá de su salario como funcionario? ¿Por qué un senador tiene que recibir el barrilito? ¿Por qué a la ONG de un político hay que darle recursos públicos?
Hoy los límites éticos y legales están muy difusos. Nada es nada. No hay consecuencias, aunque se violen leyes. Siempre se hacen arreglos. Las leyes se cumplen o no se cumplen. No hay leyes a medias, aunque solamente sea el 0.39%, no hay principios éticos a medias.
Esta situación no es exclusiva del Estado y de los políticos, está presente en una gran parte de la sociedad dominicana que se beneficia del desorden.
Eso hay que cambiarlo.
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