La creciente dependencia externa de la población haitiana en la consumación de alimentos ha significado básicamente estancamiento de las actividades productivas agrarias, déficit en la balanza comercial de bienes agropecuarios y desnutrición de gran parte de las clases y capas de trabajadores y desocupados en los empobrecidos campos y arrabales urbanos.
En los últimos años, entre 2004 y 2008, el producto bruto agropecuario ha gravitado en cerca de 25,3% del Producto Bruto Interno (PBI), el déficit del intercambio comercial internacional de mercaderías alimentarias ha subido del 8,3% al 8,7% con respecto a dicho valor agregado global y la población hambrienta ha oscilado alrededor de 40,0% del total de los habitantes de Haití.
La raíz inmediata de estos sucesos se localiza en la ejecución gubernamental de políticas neoliberales de apertura mercantil salvaje, en concreto de los mercados foráneos mediante la poda del arancel promedio efectivo hasta 2,8% y suba del coeficiente del saldo comercial negativo de alimentos con Estados Unidos contra el déficit comercial total de 20,0% al 30,5%, así como de los mercados nativos a través del descontrol de precios de la canasta consuntiva de alimentos, bebidas y tabaco, expresado por el brinco del índice desde 100,0 en agosto de 2004 hasta 171,6 en noviembre del corriente año, equivalente a un nivel por encima de los índices al consumo nacional: 165,4 y transporte: 142,5, y, también, de la desvalorización de la fuerza de trabajo salarial, al punto de establecer legalmente una cotización diaria paupérrima de apenas 70 gourdes o 1,74 dólares.
La gestión dictatorial actual de Préval no ha hecho otra cosa que consolidar la implementación de acciones estatales de neo-liberalización, desregulación y privatización de los mercados internos y externos, ya llevada a cabo por las anteriores dictaduras, en especial las de Aristide y Cedras, con el apoyo abierto y solapado de organismos multinacionales y países imperialistas.
Desde 1986 hasta la fecha, las recetas neoliberales de los programas de ajuste estructural, estabilización macroeconómica y asesoría estatal, ordenadas por instituciones internacionales tales como el FMI, BM y PNUD a las consecutivas administraciones gubernamentales dictatoriales de Haití, han destrozado la agricultura campesina y la capacidad de consumación nacional de bienes y servicios alimenticios, promovido la importación masiva de mercancías agropecuarias, muchas veces costosas e insalubres, y aupado la desoberanización e inseguridad populares y alimentarias, a cuentas de alcistas transferencias corrientes oficiales, distribuciones indiscriminadas de alimentos e intervenciones de tecnocracias, tropas militares y centenas de ONG extranjeras, contrarias al ejercicio de los derechos humanos, ciudadanos y nacionales.
Cada día Haití se hunde en el pantano de la destrucción las instituciones estatales y nacionales, la desmembración de la infraestructura económica y productiva, la debacle de los espacios y ecosistemas, el incumplimiento de las promesas de ayudas bilaterales y multilaterales y la expansión de la pauperización y hambruna, bajo un régimen dictatorial de acumulación insaciable de capitales y patrimonios, sustentado en gran medida en el narcotráfico, el contrabando y la corrupción, en franca violación de los derechos consagrados en la Constitución, tratados y leyes.
La prueba palpable de esta aseveración se encuentra en el reciente hurto de 10 millones de dólares, cometido por altos funcionarios del gobierno central, senadores del Congreso Nacional, jueces del poder judicial y oficiales de la Policía Nacional de Haití y la Minustah, tras el allanamiento de la vivienda del tío del presunto narcotraficante Alain Désir, en Port-de-Paix, el pasado 12 de noviembre.
Frente a este nuevo escándalo sobre la corrupción y la impunidad galopantes en Haití, las autoridades estatales no han ofrecido ninguna declaración formal, hasta el momento, sobre sus respectivas conductas de ocultamiento de los hechos y consentimiento de que los responsables sigan ocupando sus puestos de mando, sin ni siquiera ser objeto de investigación.
Hay que saber que a la administración dictatorial de Préval y Pierre-Louis sólo le interesa consolidar su proyecto de reelección indefinida, en procura de defender los intereses oligárquicos de las capas oligopólicas y terratenientes, las corporaciones multinacionales del comercio y el crédito, las mafias transfronterizas del narcotráfico y el contrabando y las fracciones empresariales y burocráticas beneficiarias de la corrupción estatal y la ocupación del territorio nacional por fuerzas extranjeras.
En consecuencia, estos dictadores ejercen el poder de Estado en desmedro de las necesidades y aspiraciones de reformas estatales, económicas y sociales de las masas populares, las clases asalariadas, campesinas y cuenta-propistas, y las mayorías de las empresas y agrupaciones nativas. Este desprecio gubernamental de búsqueda de solución viable a los dramáticos problemas nacionales se puede observar en la ausencia de toma de decisiones sobre la tragedia de la hambruna sufrida por varios millones de haitianos, en especial el estrato de un millón 400 mil casos que se encuentra en peligro de enfermedad crónica y/o muerte inminente.
Finalmente, ante esta gravísima problemática y fracaso de las alternativas de solución ensayadas por los mandamases y poderes dictatoriales haitianos y los organismos y países imperiales, a República Dominicana no le queda otra opción que reformular sus políticas de relaciones y transacciones exteriores con Haití y migraciones transfronterizas de haitianos hacia y desde el territorio dominicano.
En tal sentido, República Dominicana país está obligado a corto plazo a asumir un rol importante en la promoción de la instauración de un Estado de derecho democrático y la reforma de la economía y las empresas en Haití, sobre la base del respeto a la soberanía popular y nacional y a implementar un plan de emergencia de seguridad nacional y buena vecindad binacional que contemple una serie de iniciativas favorable al desarrollo de ambos países.
Entre esas iniciativas se cuentan las siguientes: cierre temporal de la frontera al tránsito de personas y tráfico de mercancías; reducción de más del 80,0% de las visas concedidas a haitianos; cancelación de la autorización de estadía en nuestro país a todo haitiano vinculado con crímenes y mafias haitianos; prohibición del uso del territorio nativo a empresarios haitianos y organismos foráneos que realicen el grueso de sus operaciones en Haití; dedicación del 5,0% de los ingresos tributarios domésticos a la solidaridad con el pueblo haitiano, particularmente en la lucha contra el hambre y defensa del ambiente; amnistía general y legalización de la residencia a todos los trabajadores haitianos y parientes pertenecientes a la familia nuclear; concesión del derecho al voto en las elecciones municipales a todos los extranjeros documentados con igual o más de cinco años de residencia legal; formación de una guardia y policía fronterizas especializadas; desmilitarización de la frontera; elaboración de un sub-plan de contingencia e intervención de la frontera, en caso de estampida masiva de haitianos desde Haití hacia República Dominicana y/o continuidad del tráfico de personas, drogas y armas; penalización efectiva de los actos racistas, xenófobos y discriminatorios, incluyendo los efectuados por el propio Estado dominicano en vista a crear chivos expiatorios en la crisis y agrupar supuestas mayorías defensoras de la reelección presidencial; y, finalmente, aplicación de programas de intercambio comercial, flujos migratorios, vínculos culturales y sanidad personal y ambiental respaldados por acuerdos, pactos y tratados binacionales.
Indicadores de dependencia alimentaria de la población haitiana
2004-2008 US$ Millones
Periodo Déficit
Alimentario Alimentario Corrientes
292,8 | 178,8 | 113,1 | |
2005 | 296,7 | 175,9 | 328,0 |
2006 | 331,6 | 179,9 | 380,0 |
2007 | 335,8 | 203,6 | 390,9 |
2008 | 571,9 | 374,7 | 487,7 |
Cuadro elaborado por LH Vargas;
observatoriodominicohaitiano@
Luis H. Vargas
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