Resoluciones ilegales
Por Ramón Alburquerque / El Caribe
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La Constitución es taxativa, solo el Congreso Nacional establece impuestos la forma de su recaudación e inversión, todo cobro distinto es nulo de pleno derecho.
Molesta que el presente gobierno cobre impuestos ilegalmente, cuando ni las dictaduras violaron estos aspectos de la nación. La historia cuenta que los abusos tributarios causaron guerras devastadoras. ¡Con los impuestos no se inventa!
Las resoluciones de la Secretaría de Estado de Industria y Comercio (SEIC) aplican la Ley de Hidrocarburos No.112-00, usando cálculos erróneos, esto hace que las gasolinas, regular y premium, paguen por este impuesto 41.77 pesos y 47.21 pesos el galón, aunque sus precios de venta al consumidor sean, 200 o 123 pesos el galón.
Todo con el propósito de garantizar más ingresos al gobierno, aun violando la Ley abiertamente. Lo mismo ocurre con la forma arbitraria de aplicar el “inventado impuesto ad valorem” que también carga 8.75 y 9.52 pesos por galón para una y otra gasolina.
Lo propio sucede con el gasoil y los otros combustibles.
El subsidio al Glp es obligatorio. La Ley es terminante al consignar un subsidio para la venta de GLP a las amas de casa a condición de que no sea nunca menor que el prevaleciente en noviembre del 2000.
Por tanto, para negar este subsidio hay que cambiar la Ley de Hidrocarburos sometiendo un proyecto a tales fines al Congreso Nacional.
No se puede actuar a la libre. En todos los países se subsidia a los sectores de bajos consumos.
La aplicación de esta política sugiere la construcción de una red de distribución de gas en los centros urbanos, solo se menciona, para estimular la imaginación de los lectores.
Se cobra 0.80 pesos por cada galon de Glp. Las resoluciones de SEIC cobran 0.80 pesos por galón de GLP sin que exista autorización.
Como el mercado de gas asciende a varios millones de galones anuales con estos ingresos se cubren el subsidio cuando se le vende la idea al público de que es un sacrificio oficial.
El pueblo no sabe que se le saca de sus propias costillas. Otro atropello al ordenamiento jurídico de la nación.
La gente compra sin saber qué recibe. La distribución de combustibles debe ser regulada legalmente, sin afectar ningún subsector, con plena libertad de comercio.
La gente compra sin saber lo que recibe. Las resoluciones fijan precios por tanques de 100, 50, 25 y 15 libras, en cambio, la venta es por galones sin que el consumidor controle la exactitud en la entrega ni el gobierno tampoco.
Los medidores de galones son sofisticados, de ahí que la venta deba ser únicamente por libras, pesando el tanque antes y después del llenado.
Tampoco se certifica la mezcla de gases.
El propano es más barato y produce menos calor en la estufa que el butano o una mezcla de ambos. Se roba al pueblo cuando se le entrega solo propano. Hay que defender la gente.
Márgenes complacientes. Los márgenes de comercialización son muy altos y se usan para complacer interesados, las mismas resoluciones semanales lo demuestran.
Hay que asegurar rentabilidad a cada eslabón pero sin abusos contra los consumidores. Que no haya privilegios. Hay que homologar los márgenes conforme a promedios regionales.
La vida es cara
Mientras balas perdidas degradan la vida, el gobierno la encarece con tributos, aquí se cobra la evasión fiscal a quienes pagan, y, se manipula el cálculo de los impuestos, las autoridades no persiguen la usura, ni el acaparamiento, simplemente, dejan la población en manos de especuladores.
Los teóricos oficiales asumen poses neoliberales y desprecian la economía popular, nadie defiende a nadie, no se aplican las leyes sobre prácticas leales de comercio, se ha establecido el reino de las leyes del mercado, una especie de infierno para la clase media y los pobres sin derechos.
En cambio, los funcionarios elevan su eficacia en los sistemas impositivos.
Pero también amasan fortunas con tasas parafiscales, casi todas las secretarías y departamentos, cobran servicios rentados al margen de la Ley. En lugar del consumidor defienden sus economías personales.
Puede asegurarse con toda propiedad que el presidente Leonel Fernández y el PLD se han privatizado el gobierno.
Las resoluciones semanales sobre combustibles contienen comisiones y cálculos impositivos ilegales, susceptibles de demandas judiciales. Estas actuaciones ilícitas encarecen la vida.
El gobierno transgrede la legalidad fiscal.
Impuestos abusivos. La gasolina regular solo cuesta 54.68 pesos el galón, pero el gobierno cobra el 92% de impuestos (50.10 pesos), y encima se carga el 34% de márgenes de comercialización (18.50 pesos), por eso se vende a 123.70 pesos el galón.
Asimismo la premium paga 95% y 35% respectivamente. El gobierno hace cara la vida.
http://www.elcaribecdn.com/articulo_caribe.aspx?id=194752&guid=07E15D179C8640269F7225B43895584C&Seccion=3
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