viernes, marzo 06, 2015

Viacrucis municipal en Higüey - Por José Alejandro Ayuso / #AgendaGlobal @AyusoJoseA

Agenda global

José Alejandro Ayuso     jayuso@equidad.org.do
Viacrucis municipal en Higüey
En mis experiencias como servidor público y abogado empresarial que trata de manera constante con las distintas administraciones del Estado he constatado que, en más ocasiones de las que sería deseable, se cometen abusos de poder y estos quedan sin la debida sanción. Por demás, cuando se coyunda la política con los negocios, alguna decisiones u omisiones vienen influenciadas por la protección de intereses, a veces evidentes, otras de forma velada.
Desde el pasado año he estado involucrado de manera profesional en un procedimiento administrativo con la Alcaldía del Municipio de Higüey que ha devenido en un viacrucis por el que podría pasar cualquier ciudadano que pretenda, en ejercicio de su derecho fundamental a la libre empresa y a la leal competencia, establecer una estación de expendio de combustibles en esa ciudad del este del país, una vez obtenido el permiso correspondiente del Ministerio de Industria y Comercio.
Resulta que en fecha 26 de febrero del 2014 una sociedad comercial realizó una solicitud a esta Alcaldía a fines de obtener la debida autorización prevista en el Reglamento No. 307-01 para la aplicación de la Ley 122-00 sobre Hidrocarburos de fecha 29 de noviembre del 2000. La misma nunca fue respondida, lo que motivó la interposición de un recurso de amparo en octubre del 2014, que devino en la Sentencia No. 1357/2014 de fecha 30 de octubre del 2014, mediante la cual ordena a esa municipalidad “dar respuesta a la solicitud…en un plazo de 5 días laborables”, o deberá pagar una “astreinte” de RD$50,000.00 pesos diarios al hogar de ancianos de esa localidad.
Lo más chocante por subestimar la inteligencia de los demás fue el alegato, oral y en audiencia, del abogado de la Alcaldía para tratar de demostrar que el largo “silencio administrativo” de 8 meses se debía a que la solicitud no había sido depositada en el departamento correspondiente. Al respecto el tribunal estableció el siguiente criterio: “…si la ley manda que se deposite un requerimiento por ante la Alcaldía del Municipio, es a la secretaria que recibe dicha solicitud que corresponde tramitarla al departamento correspondiente y no debe ser exigido al solicitante…” remitirla al Departamento de Planificación Urbana que se encarga de realizar la evaluación técnica. 
No obstante la “reprimenda” del juez la Alcaldía desacata esta sentencia y se despacha con una serie de requisitos adicionales que fueron debidamente satisfechos el 15 de diciembre del 2014, con la finalidad de que fuera finalmente concedida la autorización de uso de suelo para la instalación de una estación de servicio de combustibles, en una nueva avenida donde existen otras instalaciones de la misma especie.
Nueva vez y 15 días después, añaden un nuevo (¿y último?) requisito que, a conciencia de su irrelevancia, también es entregado de inmediato a esa Alcaldía. Hoy, al cumplirse poco más de un año de la primera solicitud, aun no se ha recibido la respuesta de esta administración municipal. ¿No constituyen estas actuaciones antijurídicas un abuso de poder para proteger intereses familiares que no aceptan la libre competencia en perjuicio del consumidor? Sea usted el jurado y, en la próxima entrega, analizaremos el nuevo “derecho fundamental a la buena administración” que muchos funcionarios públicos ignoran y violan impunemente.   
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jueves, marzo 05, 2015

Firman acuerdo de colaboración para mejorar acceso a la justicia

Participación Ciudadana, Casas Comunitarias de Justicia y Fundación Pro Bono
Firman acuerdo de colaboración
Nelson Espinal Báez, Presidente de CCJ, explica el convenio
Santo Domingo, RD, 4 de Marzo.- En una alianza estratégica que tiene como objetivo mejorar el acceso a la justicia de las personas y los grupos vulnerados, Participación Ciudadana, movimiento cívico no partidista, las Casas Comunitarias de Justicia y la Fundación Pro Bono República Dominicana firmaron este miércoles un acuerdo de colaboración.
Como parte del convenio, la Fundación Pro Bono ofrecerá asesoría jurídica y atención legal gratuita ante violaciones de derechos fundamentales de las personas en casos como violencia intrafamiliar, discapacidad, derechos de la niñez y de los adultos mayores, accidentes de tránsito y de trabajo, malas prácticas profesional, entre otros.
Los servicios jurídicos también incluirán procesos de la jurisdicción penal, civil, laboral, inmobiliaria, registro civil, asistencia notarial, hábeas data y acceso a la información pública, y la responsabilidad social corporativa.
El convenio fue firmado por Sonia Díaz Inoa, coordinadora general de Participación Ciudadana, Nelson Espinal Báez, presidente de la junta directiva de las Casas Comunitarias de Justicia, y Teófilo Rosario Martínez, presidente de la Fundación Pro Bono.
El aspecto formativo reviste de importancia en esta alianza, por lo que, como parte del convenio, la Fundación Pro Bono contribuirá con Participación Ciudadana y las Casas Comunitarias de Justicia en sus acciones formativas en derechos humanos y la protección de los derechos fundamentales.
De su lado, Participación Ciudadana y las Casas Comunitarias de Justicia se comprometen a suministrarle casos a la Fundación Pro Bono de acuerdo a los criterios requeridos.
Además, proveerán a la Fundación Pro Bono capacitación, asistencia técnica y materiales de manera periódica sobre derechos humanos y grupos vulnerados.
Participación Ciudadana es un movimiento cívico no partidista de presión y concertación para la construcción de una sociedad democrática, transparente y libre de corrupción e impunidad.
Las Casas Comunitarias de Justicia constituyen un programa sustentado por Participación Ciudadana destinado a facilitar el acceso a la justicia de los sectores vulnerables. Es una herramienta de acercamiento de las instancias judiciales y municipales a las comunidades. En este modelo de servicio, la población dirime y soluciona sus controversias a través de los métodos alternativos de resolución de conflictos y la acción de la justicia formal sin salir de su entorno de convivencia
La Fundación Pro Bono es una organización sin fines de lucro creada por un grupo de abogados y profesionales multidisciplinarios que, inspirados en la práctica Pro Bono de países desarrollados, buscan implementar ese modelo de voluntariado profesional en la comunidad legal en el país, con el propósito de mejorar el acceso a la justicia, principalmente, a personas o comunidades de escasos recursos económicos y a las organizaciones que les asisten.
Además participaron en la firma del acuerdo el Dr. José Ceballos, Director Ejecutivo de las Casas Comunitarias de Justicia y los Licenciados Amarilis Baez, Miguel V. Paulino y Eduardo Abreu por la Fundación Pro Bono RD.

FINJUS: Ley de partidos abrobada atenta contra principios constitucionales

La entidad manifestó que el contenido del proyecto refleja un retroceso en el proceso de fortalecimiento de la democracia 
FINJUS: Ley de partidos abrobada atenta contra principios constitucionales 
10001402606019jpg.jpgFoto: Carmen Suárez/Acento.com.do 
Por Servicios de Acento.com.do. 5 de marzo de 2015 - 
 SANTO DOMINGO, República Dominicana.- 
La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (FINJUS) expresó su preocupación por la aprobación en primera lectura en la Cámara de Diputados de un proyecto de Ley de partidos políticos, cuyo contenido refleja un claro retroceso en el proceso de fortalecimiento de la democracia.
A través de un comunicado firmado por Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo, la entidad afirmó que “de nada valieron los llamados que desde diferentes sectores se hicieron al Congreso, y de manera particular a la Comisión de la Cámara de Diputados encargada de la discusión del Proyecto de la Ley de Partidos, para que realizaran el máximo esfuerzo en el logro del consenso social y político para producir una Ley que garantice, entre otros, tres elementos fundamentales: la transparencia interna, el control de los recursos que reciben los partidos para su financiamiento, tanto de fuentes públicas como privadas y la creación de un clima que facilite la participación de las mujeres en los puestos directivos y candidaturas electorales de dichas agrupaciones”.
Afirmó que de convertirse en Ley el proyecto aprobado ayer en la Cámara de Diputados, el país sufriría una grave derrota en el largo proceso de consolidar la democracia y hacer transparente su sistema político.
“Lamentablemente la sociedad dominicana se despierta con el sabor amargo de que el mismo proyecto fue nuevamente presentado y fue aprobado en primera lectura en ese hemiciclo por mayoría simple”
Indicó que en septiembre del 2014, FINJUS expresó los peligros que para el orden democrático entrañaba la aprobación de un proyecto de ley de partidos presentado por una organización política mayoritaria, lo que provocó que importantes sectores de las iglesias dominicanas, organismos empresariales, académicos y medios de comunicación se unieran para demandar que dicho proyecto fuera retirado y la Comisión de Partidos de la Cámara de Diputados se abocara a consensuar un documento que superara las distorsiones y limitaciones que en ese momento se señalaron.
Señaló que dicho proyecto excluía aspectos fundamentales propuestos por la Junta Central Electoral (JCE), tales como la obligación de los partidos de informar de quiénes son sus donantes privados, rendir cuentas de la gestión de los fondos del pueblo que reciben vía la Ley de Financiamiento Público, garantizar elecciones internas basadas en el voto libre y secreto de sus miembros y respetar el debate democrático y el debido proceso de ley en sus controversias internas.
“Lamentablemente la sociedad dominicana se despierta con el sabor amargo de que el mismo proyecto fue nuevamente presentado y fue aprobado en primera lectura en ese hemiciclo por mayoría simple, desconociendo el informe de la Comisión que dictaminó que la ley de Partidos es de carácter orgánico y que por tanto debe ser aprobado mediante la mayoría absoluta”, manifestó.
FINJUS reiteró que la adopción de una ley moderna de partidos políticos es una prioridad para que el país fortalezca su régimen democrático contra los ataque del crimen organizado, la corrupción de todo tipo y las malas prácticas que dañan la calidad de la democracia y permiten perpetuar los modelos clientelistas, paternalistas y caudillistas de hacer política que han predominado en los últimos años. La ley de partidos es una herramienta que debe servir para estimular la participación amplia de la población en la vida política y de manera particular de las mujeres y la juventud.
http://acento.com.do/2015/politica/8227978-finjus-ley-de-partidos-abrobada-atenta-contra-principios-constitucionales/
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Finjus alerta sobre grave derrota democrática con aprobación de ley de partidos
Servio Tulio Castaños Guzmán
SANTO DOMINGO.- La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) advirtió hoy que de concretarse la aprobación de la ley de partidos en los términos que fue sancionada el martes en la Cámara de Diputados, el país sufriría una grave derrota en su largo proceso de consolidación democrática.
 En este sentido, Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de Finjus, plantea la urgente necesidad de revertir la situación, sugiriendo que todos los sectores sociales y políticos aporten su opinión al respecto.
Castaños Guzmán lamenta que la sociedad dominicana se despertara hoy con el “sabor amargo” de que el mismo proyecto fue nuevamente presentado y fue aprobado en primera lectura en ese hemiciclo por mayoría simple.
Para la entidad de la sociedad civil, el proyecto de ley aprobado en primera lectura en la Cámara baja, de mayoría peledeísta, refleja un claro retroceso en el proceso de fortalecimiento de la democracia, por lo que expresa “alarma y alta preocupación”.
En aparente expresión de frustración, Castaños Guzmán dice a través de un comunicado, que de nada valieron los llamados que desde diferentes sectores se hicieron al Congreso, y de manera particular a la comisión de diputados que estudió la pieza legislativa.
Dichos llamados, según lo planteado por el ejecutivo de Finjus, iban dirigidos a motivar que se realizaran los mayores esfuerzos para procurar el consenso social y político, con el objetivo de conseguir una ley que garantice la transparencia al interior de los partidos, el control de los recursos que reciben y la creación de un clima que facilite la participación de las mujeres en los puestos directivos y candidaturas.
“En septiembre del 2014, Finjus expresó los peligros que para el orden democrático entrañaba la aprobación de un proyecto de ley de partidos presentado por una organización política mayoritaria (el PLD), lo que provocó que importantes sectores de las iglesias dominicanas, organismos empresariales, académicos y medios de comunicación se unieran para demandar que dicho proyecto fuera retirado y la Comisión de Partidos de la Cámara de Diputados se abocara a consensuar un documento que superara las distorsiones y limitaciones que en ese momento se señalaron”, expresa el documento de Finjus.
Señala que dicho proyecto “excluía aspectos fundamentales propuestos por la Junta Central Electoral, tales como la obligación de los partidos de informar de quiénes son sus donantes privados, rendir cuentas de la gestión de los fondos del pueblo que reciben vía la Ley de Financiamiento Público, garantizar elecciones internas basadas en el voto libre y secreto de sus miembros y respetar el debate democrático y el debido proceso de ley en sus controversias internas”.
Castaños Guzmán lamenta que la sociedad dominicana se despertara hoy con el “sabor amargo” de que el mismo proyecto fue nuevamente presentado y fue aprobado en primera lectura en ese hemiciclo por mayoría simple, “desconociendo el informe de la Comisión que dictaminó que la ley de Partidos es de carácter orgánico y que por tanto debe ser aprobado mediante la mayoría absoluta”.
Considera que este hecho representa un desdén hacia las aspiraciones democráticas de la sociedad dominicana y una reiteración de lo advertido por expertos e instituciones sociales de que “en el seno de algunas fuerzas políticas existe una disposición de ignorar el mandato constitucional que exige a los partidos que todos sus actos deben estar acordes con los principios constitucionales y que su funcionamiento debe estar apegado a la transparencia y el respeto de la democracia interna”.
http://www.7dias.com.do/portada/2015/03/04/i183623_finjus-alerta-sobre-grave-derrota-democratica-con-aprobacion-ley-partidos.html#.VPhWsnyG_m4

PRM condena agresiones a consulados dominicanos en Haití

5 de marzo de 2015. SANTO DOMINGO
El Partido Revolucionario Moderno (PRM) condena los reiterados ataques a consulados dominicanos en Haití, el último en Puerto Príncipe,  llevados a cabo por grupos de desaprensivos haitianos en violación al principio de la extraterritoriedad,  ultrajando, además, la bandera nacional.

En un documento enviado por su Secretaría de Asuntos Internacionales, Sainter, el   PRM asegura que el Gobierno y pueblo haitiano, deben tener presente que somos sus vecinos y hermanos con raíces históricas comunes ancestrales, y hemos sido solidarios con ellos en los momentos más oportunos en que han necesitado de nuestro apoyo.  
El PRM hace un llamado al Presidente Danilo Medina a exigir una rápida y convincente explicación del Gobierno de ese país hermano, sobre estos bochornosos incidentes que tienden a abonar la corriente de odio entre nuestras respectivas Naciones, que vienen siendo incentivados por sectores interesados en impedir la continuidad de una relación armónica y de respeto entre nuestros pueblos.
Afirma “El Gobierno Dominicano, debe mantener la prudencia que demandan las normas de convivencia entre pueblos que comparten una misma isla y una historia común en sus luchas libertarias independentistas ante las metrópolis que nos sojuzgaron”.
Manifiesta que la medida precautoria tomada por el Gobierno Dominicano, de cerrar temporalmente algunos consulados en Haití, debe inscribirse en un factor de política exterior que contribuya a garantizar respuestas firmes de seguridad de parte de las autoridades haitianas, en pro de la continuidad respetuosa en nuestras relaciones.
“Es oportuno que nuestro Gobierno desoiga las voces radicales que incitan a la confrontación, que asuma las riendas con responsabilidad y aplique cabalmente nuestra “Ley de Migración”, poniendo en ejecución sus mandatos institucionales, siempre apegado al respeto de los Derechos Humanos y los Tratados Internacionales contraídos por el Estado Dominicano”. Finaliza.